Los profesores de Religión pueden estar tranquilos. Ni el resultado electoral del 20D augura modificaciones legislativas –pues en ningún caso hay mayorías suficientes para realizarlas– que afecten a la asignatura , ni la Justicia les está dando la razón en el polémico desarrollo de los decretos que regulan la Religión en cada comunidad autónoma.

Según explica el presidente de APPRECE-Andalucía y vicepresidente nacional, Rafael Martín Gómez, el problema de la Lomce no radica en la ley misma, que considera «una reforma de la LOE», sino en las modificaciones que las comunidades autónomas no han tenido en cuenta, «creando problemas de horarios y en consecuencia con las jornadas de algunos profesores de Religión». Problemas que tienen que ver con la no oferta de la materia o la reducción de los horarios en algunos cursos.

Ningún Gobierno, ni autonómico ni central, puede dejar de ofrecer la asignatura de Religión sin una modificación de la Constitución española y sin vulnerar el acuerdo que la Santa Sede y el Estado español firmaron en materia educativa y cultural. La materia como tal está protegida por el artículo 27.3, en el que se establece que «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». A la norma suprema, habría que añadir los acuerdos que el Estado ha suscrito con las confesiones religiosas.

Al acuerdo con la Iglesia católica de 1979, se sumaron luego las confesiones minoritarias más importantes: judíos, musulmanes y protestantes. Al igual que los obispos, los líderes de estas religiones se han manifestado a favor de la enseñanza religiosa en la escuela. En el caso de la Iglesia católica, el acuerdo tiene carácter internacional y, por tanto, de ley orgánica. En ella, se establece que la asignatura de Religión, aunque no es obligatoria, debe tener el mismo trato que las asignaturas fundamentales; troncales, según la denominación utilizada en la Lomce. Este acuerdo, que se puede modificar por consenso, no puede ser derogado unilateralmente.

Con este marco legislativo, el sindicato Apprece afirma que, sólo «en un ambiente de desconcierto, de olvido del Estado de Derecho y de un radicalismo ideológico sectario, se ha podido llegar a unas situaciones que debieron resolverse antes por la vía del diálogo». «Ni los que defendemos la enseñanza religiosa se la tenemos que imponer a los que no la quieren, ni al contrario. Por eso, se trata de una opción que es voluntaria, aunque ofertarla sea obligatorio para los centros educativos. Quienes atacan esta libertad ponen en peligro otras»

(Extracto de artículo publicado en "La Razón")